La situación de la seguridad en la provincia de Buenos Aires concentró la tensión política tras el asesinato de David Elías Ojeda Vázquez en José C. Paz y la suspensión judicial del nuevo Régimen Penal Juvenil. La Libertad Avanza presentó en la Legislatura el pedido de interpelación del ministro de Seguridad, Javier Alonso, para que explique el despliegue policial, las estrategias de prevención y los recursos destinados al combate del delito. Los legisladores señalaron la falta de datos públicos actualizados sobre el tema y reclamaron respuestas concretas.
El homicidio del joven de 23 años, baleado durante un robo cuando regresaba a su casa, generó una marcha de vecinos frente a la municipalidad. La intendenta interina del distrito, Lorena Espina, exigió al Gobierno provincial medidas inmediatas y responsabilidad por la seguridad. El reclamo cobró peso al provenir de un municipio del peronismo, conducido políticamente por el senador Mario Ishii, quien mantiene diferencias con el Ejecutivo provincial. Por su parte, el senador Marcelo Leguizamón cuestionó la presencia del ministro Alonso en la comitiva que acompañó a Kicillof en una gira por Misiones.
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual de suspender por 60 días la aplicación del Régimen Penal Juvenil sumó nuevos cuestionamientos. La magistrada argumentó que no existen las condiciones de infraestructura, personal y recursos necesarios para implementar la norma que baja la edad de imputabilidad a 14 años. La oposición reaccionó con dureza y se presentaron tres pedidos de juicio político contra la funcionaria judicial.
Frente a las críticas, el gobernador encabezó actos de incorporación de nuevos efectivos y la inauguración de una subcomisaría en Ezeiza. Kicillof afirmó que la Provincia avanza en inversión en seguridad mientras el Gobierno nacional reduce aportes. La disputa por el tema se mantiene abierta, con la opinión pública expectante ante medidas que devuelvan confianza a los vecinos.